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El Ministro de Justicia y las CCAA regulan la creación de órganos judiciales y la Oferta de Empleo Público

Se avanza cara un nuevo Registro Civil cuya dirección se confiará a los letrados de la Administración de Justicia

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha abordado con los consejeros de Justicia de las comunidades autónomas con competencias en la materia reunidos en la Conferencia Sectorial, la necesidad de creación de nuevas plazas judiciales en los diferentes territorios para calmar la carga de trabajo de los juzgados españoles. El ministro ha señalado que estudia con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la valoración y asignación de las unidades judiciales pendientes de creación en dos mil dieciseis y para el presente ejercicio, como las relacionadas con la adecuación de la planta judicial tras las últimas modificaciones legales, entre ellas, la atención a los requerimientos que demanda la segunda instancia penal.

La creación de las nuevas unidades judiciales se va a hacer en sintonía con las necesidades señaladas por el Consejo General del Poder Judicial y los Tribunales Superiores de Justicia, de una manera coordinada y consensuada con las diferentes comunidades autónomas con traspaso de medios personales y materiales.

Por lo relativo a la próxima Oferta de Empleo Público, es pretensión del departamento sostener y, en la medida de lo posible, acrecentar el ahínco desarrollado en los 2 últimos años y continuar avanzando en un modelo de empleo público profesional y estable en la Administración de Justicia, apostando por la reducción de la interinidad. En esa línea se ha avanzado en el diálogo con los agentes sociales, pendiente de la aprobación de una nueva Ley de Presupuestos Generales del Estado,  que va a fijar el volumen de la Oferta de Empleo.

Puesta en marcha del nuevo Registro Civil

Por otra parte, la Conferencia Sectorial ha tratado la reforma pendiente del Registro Civil, para el que el Ministerio de Justicia propón una transformación gradual a lo largo de los próximos años que respete el acuerdo político que inspiró la Ley 20/2011. Se trata de sostener un modelo de Registro Civil público y gratis y que además de esto, sea digital y común para todo el territorio nacional.

La nueva configuración y funcionamiento del Registro se fundamenta en la creación de un folio único y personal con los datos de cada ciudadano, con un modelo organizativo asentado sobre una Oficina Central y unas Oficinas Generales en todos y cada comunidad autónoma. La administración recaerá en los letrados de la Administración de Justicia, cuerpo sobre el que existe el mayor pacto y sin que ello suponga ningún menoscabo a los derechos profesionales de los funcionarios que trabajan hoy día en los Registros Civiles.

Catalá ha señalado que la nueva configuración del Registro descansa sobre una herramienta informática en cuyo desarrollo se trabaja y que reemplazará al actual sistema Inforeg. Además, va a ser preciso efectuar una serie de adaptaciones normativas en la Ley 20/2011 para lograr el fin previsto por la regla y asegurar la proximidad del Registro Civil a los ciudadanos.

Sistema de administración procesal común

El ministro ha emplazado a los consejeros a continuar avanzando en la digitalización de la Administración de Justicia. Catalá ha propuesto seguir con los proyectos abiertos en esta línea y apostar de forma decidida por un sistema de administración procesal común para todo el territorio. El ministro ha protegido que resultará más eficiente y eficiente para todas y cada una de las Administraciones que seguir con la implementación consecutiva de aplicaciones que han proporcionado un resultado dispar. Aparte de que se trata, ha dicho, de una reclamación unánime de todos y cada uno de los colectivos, asociaciones y también instituciones relacionadas con la Justicia.

Durante la asamblea se ha abordado asimismo la situación del servicio de asistencia jurídica gratis y el discute generado en las últimas semanas sobre la posible aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido al turno de oficio. El ministro ha señalado que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas va a decidir en las próximas semanas si se sostiene la exención de este impuesto. Si no fuese de este modo, ha dicho el ministro, en ningún caso su aplicación repercutirá en los adjudicatarios de la Justicia gratis ni en los profesionales.

Catalá ha puesto asimismo encima de la mesa los trabajos que se están realizando con el Consejo General del Poder Judicial para poder dar una contestación organizativa y procesal conveniente a las demandas en materia de cláusulas suelo que lleguen a los juzgados. El ministro ha indicado que se ha optado por especializar juzgados a nivel provincial que se dotarán con la plantilla de jueces, letrados de la Administración de  Justicia y funcionarios de los Cuerpos Generales que sea precisa, y eludir conque se altere el funcionamiento ordinario de la Jurisdicción Civil.

(fuente: economistjurist)