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Es improcedente el despido por la pérdida del permiso de vivienda y trabajo si no aparece en el contrato

El Tribunal Supremo considera improcedente el despido de una empleada extranjera, proveniente de un país no miembro de la UE, aduciendo que ha perdido su permiso de vivienda y de trabajo cuando esta condición no aparece en las cláusulas del contrato.

La Sala Quinta de lo Social del alto tribunal ha desechado el recurso de de casación interpuesto por una compañía de limpiezas contra la sentencia del treinta de enero de dos mil quince por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la villa de Madrid (TSJM) que estimó lo dictado 6 meses ya antes por un juzgado madrileño que condenó a la sociedad a indemnizar con dieciseis y trescientos sesenta y tres euros a una empleada despedida por haber perdido su permiso de vivienda y trabajo.

Segun ha confirmado este despacho de abogados de malaga, el Supremo acepta el criterio del tribunal madrileño que mantiene que la carencia de permiso laboral no actúa como “condición resolutoria” y también señala que, además de esto, se ignora cuál fue la data en que expiraron los indicados permisos y no consta si la trabajadora extranjera había pedido o bien no su renovación en tiempo y forma.

Para el Supremo, está claro que la pérdida de la autorización para trabajar en España “imposibilita” la continuación del contrato de trabajo del extranjero, mas destaca que la causa de la finalización del mismo es extraña a la compañía. En este caso específico, “bastaría con poner de relieve la nula mención a este respecto en el contrato de trabajo”, afirma el TS.

Recuerda que en sentencias precedentes ya había afirmado que “la falta de la autorización de vivienda y trabajo, sin perjuicio de las responsabilidades del empresario a que dé sitio, incluyendo las de Seguridad Social, no inutilizará el contrato de trabajo con respecto a los derechos del trabajador extranjero”. Además, afirmó que esta falta “no va a ser obstáculo” para la obtención de las posibilidades contemplados por los convenios internacionales de protección a los trabajadores.

Fuente: CGAE

(fuente: economistjurist)